Colombia lleva años pidiendo a gritos que alguien lo diga. No con eufemismos, no con «reintegración social», no con mesas de diálogo donde el Estado llega a negociar y los criminales llegan a reírse.
Lo dijo Abelardo de la Espriella en Radio Uno, sin que le temblara la voz: «Delincuente que no se someta, será dado de baja.» Y el país explotó. Los de siempre salieron a gritar que era fascismo, que era barbarie, que era peligroso. Los mismos que llevan cuatro años viendo cómo la inseguridad destruye familias, negocios y sueños colombianos, y no han dicho nada que sirva.
Pero hay quienes no salieron a protestar. Quienes no hicieron un comunicado. Quienes simplemente guardaron silencio y pensaron: «por fin alguien lo dijo.»
Es la de la madre que no deja salir a su hijo de noche. La del tendero que paga vacuna para que no lo quemen. La de la mujer que cambia de ruta cada semana porque le da miedo que la sigan. La de la Mujer Patriota que no necesita un debate académico sobre seguridad: necesita llegar a su casa sin que nadie la toque.
La propuesta de Abelardo no se queda en una frase. Incluye la construcción de 6 a 8 megacárceles de máxima seguridad, replicando modelos que han funcionado en la región, donde los criminales no gobiernan desde adentro, no tienen celular, no siguen delinquiendo mientras el Estado los alimenta.
Incluye tecnología de punta para las fuerzas de seguridad. Incluye una división especial del Ejército para custodiar a los más peligrosos. Incluye algo que este gobierno nunca entendió: que los derechos de las víctimas pesan más que los derechos de quien las victimizó.
Las Mujeres Patriotas no piden guerra. Piden lo que cualquier ser humano tiene derecho a pedir: caminar tranquila, vivir sin miedo, criar a sus hijos en paz. Eso no es extremismo. Eso se llama civilización.
